En el presente estudio nuestro propósito es analizar la incidencia de los
procesos políticos, ya sea generados desde el Estado o desde la sociedad
civil, en las nuevas formas de construcción de ciudadanía y prácticas
de derechos de los pueblos indígenas, en la sociedad chimane, en sus estructura
de civilización nómada, siendo los chimanes uno de los pueblos aparentemente
menos perneados por la cultura política, las instituciones políticas
y el derechos estatal. ¿Por qué?, por su forma nómada. Es
un tema que merece estudiarse.
Los chimane son uno de los más de 20 pueblos de la región amazónica
del país, suman una población de más de 10.000 personas,
15.000 dicen ellos mismos, frente a la estadística INE que suma 6.000,
hecho que muestra ya una lucha política por cuantificarse autónomamente,
frente a la inventariación oficial estatal. No forman comunidades, se
resisten a formarlas, pero ya lo están haciendo por acceder a algunos
derechos de grupo, como la personería jurídica para acceder a
una "existencia legal".
Aquí nos interesa retomar algunas hipótesis de Luis Tapia respecto
a la presencia de tipos de civilización frente a la idea de otorgar y
asignar (así sea con muy buenas intenciones) derechos desde sociedades
que corresponden a civilizaciones modernas de origen europeo. Esto implica que
existen diversos modos de producir, diversos modos de relacionarse con la naturaleza
en la producción, diversidad de estructuras sociales, en particular una
diversidad de estructuras de autoridad y de gobierno, una diversidad de concepciones
del mundo, y como resultado de todo esto, en torno al tema que nos concierne,
diversos modos de concebir derechos; es decir, formas de pertenencia a la comunidad,
la sociedad y el Estado (Tapia, 2006)
Uno de los desafíos frente a los problemas de exclusión /inclusión
de los chimanes respecto a los derechos reconocidos es poder abordar la cuestión
en sus aspectos estructurales desde la lógica de su cultura, de tal manera
que, más allá de dar respuestas a cuestiones operativas del ejercicio,
pueda orientar el debate académico y político integrando nuevos
enfoques teóricos y metodológicos sobre la relación derechos
y cultura; y la importancia de generar conocimiento teórico local desde
la base cultural y confrontarlo con el conocimiento "científico",
y sobre todo con los discursos jurídicos.
