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  viernes 12 de marzo de 2010
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     PROYECTO

Desde 1994, en que Bolivia se reconoció como país multiétnico y pluricultural (Art. 1º de la Constitución Política del Estado), se iniciará diversas reformas que darán cabida a la implantación de una legislación indígena que para muchos es una de las más avanzadas en América Latina.

En el campo de las políticas públicas la temática indígena se focalizará en instancias específicas que ascenderán desde una Secretaria en otro gobierno será Viceministerio, finalmente el Ministerio de Asunto Indígenas y Pueblos Originarios. Reducir la diversidad en un espacio especial no ha sido saludable para construir un estado pluricultural o plurinacional, pues el poder de la mayoría originaria e indígena fue minimizado,

Casi paralelamente, desde 1990, en diversas regiones de Bolivia, especialmente en el departamento de La Paz, irá emergiendo un proceso que se denominará la "Reconstitución del Ayllu", es entonces que las reivindicaciones históricas promovidas en primera instancia por el katarismo dentro de un espacio sindical o la lucha de las comunidad y pueblos indígenas del oriente que realizarán la marcha por el "Territorio y Dignidad" de gran trascendencia nacional, se emparentaría con un horizonte legal al amparo de loas derechos de los pueblos indígenas consolidándose ente durante el gobierno de la alianza MNR-MRTKL (1993-1997). En este proceso no cabe duda que una de las aspiraciones centrales de los pueblos indígenas y originarios es el derecho al territorio, cuyo espacio sería el lugar en que cristalizarían los derechos como el de la educación, salud, administración de justicia, económicos y otros.

Ahora bien, viento todo ese proceso se hace necesario conocer cómo desencadena este movimiento en la consecución de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, siendo que derecho al territorio no se ha consolidado. Sin embargo, de por sí reviste mucha relevancia sociales, humana y política en una zona con mucha historia, además de ser pionera en el proceso de reconstitución del Ayllu y del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, investigar su impacto en el ejercicio del mismo.

El punto de partida para abordar esta investigación, en función de lo señalado en esta justificación y la relevancia necesaria, parte de las siguientes consideraciones. Los derechos de los pueblos indígenas se ubican en la cuarta generación de derechos, pero no interesa mucho su ubicación sino lo que desencadena de su aplicación y su relación con el devenir histórico de lucha y reivindicación de los pueblos indígenas y originarios, siendo que las propias organizaciones indígenas ponen como punto alto de realización política la descolonización, procesos de inclusión, representación política, igualdad de condiciones, autonomía, gestión comunal y control de los recursos naturales con identidad propia. Sin embargo, ¿cuál es el valor real del derecho indígena para alcanzar estas metas?

En ese sentido las directrices del derecho internacional y la legislación nacional ¿apuntaran a ese anhelo y habrá una concordancia entre los derechos indígenas, las aspiraciones de la memoria histórica y el papel del Estado como sujeto que garantiza su ejercicio en una nación pluricultural y multiétnica?

Pero el campo de análisis de la situación o estado del arte de los derechos de los pueblos indígenas y originarios como política relevante para el propio estado comprometido con dicha causa, pudiera abarcar cuestiones mucho más allá de ver el simple ejercicio o no del derecho indígena reflexionando su incidencia en la construcción de una sociedad pluricultural y plurinacional que respete el valor de las culturas desde su autonomía para fortalecer la democracia en u país diverso culturalmente.

La relevancia, aporte y originalidad de este proyecto radica en investigar el estado de la situación de los derechos de los pueblos indígenas y originarios surgidos en al coyuntura del proceso de reconstitución de la Nación Pakajaqi en seis de sus poblaciones representativas enmarcado a su vez dentro del proceso constituyente actual y su ingerencia en el poder local.

La misma, a su ves, se constituirá en un aporte significativo para analizar y pensar la transversalización de los derechos indígenas en las políticas públicas desde los problemas y limitaciones inherentes en el ejercicio del mismo, ya que los derechos indígenas no pueden ser ejercidos en un marco de colonialismo sino de hacer eco de as aspiraciones histórica de los pueblos indígenas.



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