Este mes los siete proyectos de investigación sobre “Derechos de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia” emprenderán la segunda y última fase de trabajo, con la expectativa de proporcionar conocimiento en torno al tema y, más que eso, avanzar hacia la construcción de una sociedad plural, dice Xavier Albó, evaluador y docente en esta convocatoria.

Se trata en este caso de un conjunto de propuestas que abarcan las cinco ecoregiones de Bolivia, como era el propósito de la convocatoria de investigación lanzada en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Presidencia de Bolivia, a través de la Unidad de Coordinación y Promoción de Políticas y Derechos Indígenas, y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).

“Los proyectos cubren prácticamente todo el país y en esa medida es importante la convocatoria porque al final mostrará cómo estos pueblos indígenas ejercen sus derechos en un ámbito donde los otros (los no indígenas) todavía arrastran un problema centenario, secular, que es el trato discriminatorio. Veremos entonces qué se puede decir de los pueblos indígenas, que siempre han sido tratados no sólo como distintos, sino como inferiores”.

Los siete equipos de investigación fueron seleccionados de entre más de 40, a la espera de que se introduzcan en las formas en que estos pueblos ejercen sus derechos desde sus propias dinámicas socioculturales, reflejando también las garantías que el Estado otorga para el ejercicio pleno de los mismos.

Los abordajes incluyen ejes como derechos de igualdad y no discriminación; derechos políticos; y derechos económicos, sociales y culturales, perfilando así una contribución desde la investigación al debate y a la formulación de políticas orientadas al sector.

Estas políticas debieran apuntar, dice Albó –antropólogo y lingüista, uno de los más importantes investigadores de la temática indígena en Bolivia y miembro del Jurado Calificador de la convocatoria– a seguir incidiendo en el tema de la discriminación por el hecho de ser distintos.

“La importancia de la convocatoria es que nos permitirá ver cómo pueblos indígenas que tienen su propia cultura, modo de ser y modo de vivir, han podido avanzar hacia el reconocimiento de sus propios derechos, además de los que tenemos todos como seres humanos. Entonces una cosa a la que tienen que apuntar las políticas públicas es a fortalecer esos derechos específicos, el derecho a ser diferentes podríamos decir, en su forma de organización, en su forma de utilizar el territorio, en su forma de vida, en tantas cosas que les son inherentes”.

En este sentido, asegura el investigador, la convocatoria responde de manera oportuna a un intento que se está haciendo en el país “con el entusiasmo de muchos, con el susto de otros”, de constituir un escenario de convivencia con igualdad en la diversidad.

“Considero que más allá de los resultados específicos, los proyectos que se están ejecutando van a contribuir a esto. Por supuesto que es difícil que con siete estudios de caso se pueda ver lo que ocurre en un país en que la mayoría de la población tiene particularidades y diferencias, pero con seguridad que los trabajos presentarán un muestreo interesante de lo que son los pueblos del país”.

El desafío, luego, ha de ser profundizar en esta mirada que da la convocatoria. “Habrá que ver después qué pasa en ámbitos no rurales; qué ocurre con esos muchos indígenas originarios que viven en las ciudades. Será importante mirar también a los derechos de los indígenas que viven bajo presión de la ciudad y que están un poco camuflados”.