Los investigadores Fernando Prado e Isabella Prado (Santa Cruz) plantean que los diferentes niveles de territorio y los distintos tipos de autonomías considerados en la nueva Constitución Política del Estados (CPE) son confusos, por lo que proponen mecanismos para simplificar la figura. Por ejemplo: haciendo que el concepto de autonomía indígena no tenga el carácter de un nivel de territorio, sino que sea concebido como una cualidad para cualquiera de los niveles territoriales.

Este es una de las conclusiones de su investigación Transformaciones territoriales, poder y cambio en Bolivia. Conflictos y posibilidades en el proceso actual, en la que se incluye una serie de recomendaciones sobre modificaciones factibles de hacer, sobre todo en lo que se refiere a la gestión del territorio, a fin de clarificar el tema en la nueva Carta Magna.

La investigación fue hecha en el marco de la convocatoria “Poder y cambio en Bolivia: 2003-2007”, apoyada por la Embajada del Reino de los Países Bajos y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB); y será presentada el próximo 27 de noviembre en una de las dos jornadas en que se expondrán también otros cinco trabajos en torno al tema.

El trabajo arranca vinculando el concepto de cambio con territorio, explica Fernando Prado, coordinador del equipo. “Hemos revisado el concepto de territorio que se utiliza normalmente en el país, que es una simplificación perjudicial porque se presenta como un tema de límites político administrativos; se lo presenta como espacio geográfico y es mucho más”. Otro punto de partida fue la premisa de que todo proceso de cambio de la estructura de poder implica una reconfiguración de territorios.

Para el estudio, entonces, se tomó en cuenta el proyecto de Constitución y los estatutos autonómicos de varios departamentos. “En ambos casos habíamos visto primero falencias bastante serias, en gran parte debidas a que ambos documentos fueron elaborados con la idea de negociación, con planteamientos imposibles y que por lo tanto debieron negociarse”.

Propuesta
Antes de que el documento nacido en la Asamblea Constituyente vaya al Parlamento, los investigadores propusieron una serie de recomendaciones sobre modificaciones que había que hacer, sobre todo en lo que se refiere a la gestión del territorio. “Proponíamos mecanismos para simplificar, haciendo que el concepto de autonomía indígena no sea un nivel de territorio, sino que se conciba como una cualidad para cualquiera de los niveles territoriales”.

De esa manera se respondía al problema de los seis niveles de autonomía y se daba como clara una instancia que en los hechos existe, dice Prado. “Si hablamos de Cochabamba se habla del valle alto, del valle central…; si hablamos de Santa Cruz se agrupa en Cordillera a una sola provincia con muchos municipios. O en los valles se habla de varias provincias, pero sabiendo que estamos hablando de la región de los valles cruceños. Ese concepto, no está así claro en el proyecto de Constitución y nosotros lo incorporamos como propuesta, como un nivel territorial importante que puede englobar los territorios autónomos indígenas originarios campesinos”.

Otra de las propuestas del proyecto incide en lo que los investigadores entienden como confusión entre competencias y materias. “Es un tema gravísimo que en el nuevo documento de Constitución se llama competencias a las materias sobre las cuales el Estado tiene que actuar. Y no se aclara que una misma materia, por ejemplo el turismo, puede ser legislada a nivel nacional con una Ley Nacional de Turismo, pero a la vez puede ser legislada también a nivel departamental y, por último, a nivel municipal. A lo que voy es a que el turismo no puede ser una competencia; obviamente que es competencia de todos y cada uno hará su parte, pero esto no está claro en el proyecto y tampoco en el último documento”.

Los investigadores encuentran que la Carta Magna que irá a referéndum no habla del nivel de acción de las competencias, que va desde la definición de grandes políticas que en todas las materias se da a nivel nacional, hasta la formulación y ejecución de proyectos que normalmente están en el nivel departamental o local.

“Estos conceptos de planificación elemental faltan en la Constitución y sería de gran ayuda clarificar el tema de las competencias”.

Mejoras factibles
Fernando Prado cree que, en el marco de la Ley de Descentralización y Autonomía que está implícito en el nuevo borrador de Constitución es posible introducir varias mejoras. “Y para eso hemos hecho una ‘yapa’ y hemos elaborado lo que hemos llamado epílogo, que son algunas conclusiones nuestras de cara al nuevo proyecto de Constitución”.

Por ejemplo, introducir el concepto de que las regiones, de que los territorios indígenas no son territorios (valga la redundancia), sino una cualidad que cualquiera de los territorios puede asumir. “Y también se puede introducir un poco más claro el rol que van a tener las provincias, pues son éstas las que se convertirían en regiones en el marco de la Constitución”.

Territorio y transformaciones políticas
En lo que hace al concepto más amplio de territorio, la investigación considera que se trata del escenario donde se dan las transformaciones políticas, en función del traslado de poder; y es ahí donde diferencia dos conceptos de territorio sustentados por dos modelos y por dos fuerzas políticas.

Uno es el que ha denominado el modelo de territorio comunitario, con participación estatal, como el que plantea el Movimiento Al Socialismo (MAS). Y otro es el modelo liberal que corresponde a la filosofía y visión capitalista, imbuido de conceptos de modernización, a la luz de la integración del mercado internacional, en el cual hay poco énfasis en los temas comunitarios e igualitarios.

Por otra parte, sobre el tema indígena los investigadores encuentran que predomina una visión de lo local, una visión societaria, comunitaria que tendrá que instalarse en ese territorio, ya sea como distrito municipal, ya sea como municipio o región autónoma indígena. “Entonces en cada departamento se irán conformando estos territorios en función de su contenido étnico cultural y obviamente una de las limitaciones que hay en la concepción de los territorios indígenas –no en todos, pero en la mayor parte–, va en sentido de que se ve el territorio en términos de lo estrictamente local, mientras que hoy vivimos un mundo en que las intersecciones entre lo local y lo global son muy fuertes”.

Evidentemente hay algunos movimientos indígenas que están buscando la conexión con lo global, pero no es lo predominante en Bolivia, entonces esta es una de las limitaciones de los territorios indígenas que se plantean.

“De hecho, esta conexión con el territorio es una conexión de distintos niveles: por ejemplo, en Santa Cruz y en los departamentos del oriente hay una visión contraria, totalmente globalizante, vista hacia la exportación, vista hacia lo abierto, con valores individualistas, de un capitalismo bastante acentuado, que es su característica como formación social. Pero hay una visión muy escasa de lo que son los espacios y territorios en lo local, que ha significado el abandono de poblaciones indígenas, de provincias, con índices de desarrollo humano muy bajos en zonas estrictamente locales. Entonces en ambos casos vemos que hay una falta de una visión del territorio más integrada, donde interactúa lo global con lo local”.

En ese marco, los investigadores proponen una disminución de los niveles para favorecer la gestión del territorio, una inclusión ordenada y eficiente del tema indígena en la organización territorial, pero eliminando el contenido colonial y de clase que han tenido las estancias como las provincias. Por otra parte, “que las provincias no sean simplemente correa de transmisión de los intereses de las ciudades”, sino que se integren a la realidad étnica y cultural de sus poblaciones.

Todo esto se podría lograr a través de una nueva gestión del territorio en este nuevo marco constitucional y de estatutos departamentales, sostiene Fernando Prado, quien sintetiza el aporte de su investigación en dos sentidos: “Será un trabajo académico que tendrá un cierto valor, pero al mismo tiempo no estará desconectado de la coyuntura política que el país está viviendo”.