Roberto Laserna
Napoleón Pacheco
Carlos Miranda

En menos de 15 años Bolivia ha pasado de estar al borde de la crisis energética a vivir un proyecto de abundancia y enfrentar, nuevamente, una situación de crisis. Esta pendularidad se reflejó, aunque con ritmo algo distinto, en el proceso político, configurando un periodo de inestabilidad e incertidumbre que, ciertamente, está lejos de haberse resuelto en una orientación definida.

A mediados de los años 90 se avizoraba la conversión de Bolivia en un país importador de hidrocarburos. Las reservas se agotaban y la producción declinaba, y la empresa estatal del petróleo carecía de la capacidad financiera y tecnológica para enfrentar el desafío de intensificar la exploración y desarrollar nuevos campos en el país. El contrato de exportación a la Argentina se renovaba por plazos cortos y en condiciones poco favorables. Había indicios de que el potencial hidrocarburífero era muy grande, pero las condiciones financieras e institucionales impedían aprovecharlo.

Se concibió entonces una reforma mucho más audaz de las que se habían intentado en los años anteriores y en poco tiempo se pudo plantear el ambicioso proyecto de convertir a Bolivia en el centro de abastecimiento y distribución del Cono Sur, con proyecciones de alcanzar los alejados mercados del norte del continente.

El impulso de este rápido y notable cambio no provino de afuera ni de la economía. Los precios estaban bastante estables y la demanda crecía al ritmo previsible del crecimiento de las economías. Lo único nuevo era, quizás, la creciente preocupación por el deterioro ambiental y la consecuente preferencia que se empezaba a mostrar por el gas natural, menos contaminante que el petróleo. La desventaja boliviana, de contar con más gas que líquidos, se convirtió así en una oportunidad que se aprovechó con un fuerte impulso de reforma que vino desde adentro y desde la política. La capitalización atrajo recursos frescos que pudieron destinarse directamente a la ampliación de la capacidad productiva, mientras los beneficios del proceso se transferían, junto con la propiedad hasta entonces estatal, a los ciudadanos a través del Fondo de Capitalización Colectiva, convertido a su vez en una palanca que facilitó la reforma del sistema de pensiones.

El éxito de este proceso, verificable en el acelerado crecimiento de las reservas y de la capacidad de exportación, ampliada ahora al mercado brasilero y con la posibilidad de llegar rápidamente hasta los mercados chilenos a través del sistema argentino de ductos, despertó sin embargo expectativas y fantasmas que terminarían por ahogarlo.

Las expectativas se basaban en el recuerdo no tan lejano de un Estado que controlaba las rentas provenientes de la explotación de los recursos naturales y las distribuía a través de servicios y subsidios. Ese había sido en parte el modelo de vinculación entre la economía y la política entre 1952 y 1985, alimentado con la estatización de la gran minería en 1952 y del petróleo en 1969, y renovado con el auge de los precios en los mercados de materias primas de los años 1970.

El Estado boliviano era rentista, cuya imagen era periódicamente remozada por gobiernos con discursos políticos divergentes pero que, en los hechos, persistían en las mismas prácticas de distribución basada en las capacidades de presión de los grupos organizados. Esa lógica rentista se contagiaba hacia la sociedad, donde daba lugar a comportamientos clientelistas y corporativistas que impedían el fortalecimiento institucional y del Estado de derecho como parte de una democracia que, por lo menos verbalmente, todos decían perseguir.

En 1985 el Estado rentista encontró su límite, precisamente, en la práctica desaparición de las rentas pues su núcleo simbólico, la minería del estaño, sufrió su mayor debacle y el sector de hidrocarburos, fundamentalmente volcado al mercado interno, funcionaba como un sistema tributario sustituto.

Pero el éxito de la capitalización, que empezó a notarse en 1997, despertó nuevamente las fuerzas políticas y sociales del rentismo, tanto en el Estado como en la sociedad. La explotación de los recursos naturales y el control estatal de las rentas que genera se situaron nuevamente en el centro de la agenda política y, también, de la práctica corporativista. La sensación colectiva era que la naturaleza nos regalaba una oportunidad más, quizás la última.

Con las expectativas despertaron también los fantasmas. La generalizada percepción de que Bolivia ha sido históricamente víctima de agresiones y despojos se alertó con el descubrimiento de una nueva riqueza, revitalizando actitudes y comportamientos defensivos y desconfiados respecto del mundo externo.

Quienes supieron administrar las expectativas estatistas y el tradicional nacionalismo defensivo consiguieron también representarlas en la política, aunque solamente para reproducir los viejos modelos de control estatal de una riqueza que, por natural, se la considera como algo disponible, agotable y de valor permanente.

Alejadas las inversiones externas, por considerarlas punta de lanza de intereses expoliadores, y frustrados los proyectos de exportación, el modelo se sostuvo únicamente por un extraordinario auge de precios. El petróleo llegó a los 147 dólares el barril en julio del 2008 y el gas natural, aunque varía mucho en precios pues depende de condiciones contractuales específicas y no es todavía una mercancía plenamente transable, tuvo también un alza considerable. Si en los 80 se consideraba que un dólar por millón de BTU era un precio aceptable, en el 2008 el precio de referencia superó los 8.5 dólares (Henry Hub) y las ventas a la Argentina, cuyos precios se basan en una canasta de hidrocarburos, superaron el precio de 7.79 dólares. Esto es más de 8 veces el precio en base al cual con se diseñó la exportación al Brasil.

A tiempo de escribir este informe el auge parece haber terminado. Los precios del petróleo han caído más rápidamente de como subieron, y los del gas lo harán a medida que se apliquen las fórmulas de reajuste que, en general, tienen rezagos de entre 3 y 6 meses.

El estancamiento de las inversiones, resultado del caótico cambio del sistema legal y la incertidumbre jurídica generada por la forzada reforma constitucional, han estancado la producción, mientras las reservas se contraen por falta de exploración. Por razones ideológicas el gobierno prefirió tratar con empresas estatales y lo hizo en base a acuerdos, convenios y contratos comprometiendo más buena voluntad que recursos financieros y tecnológicos. En algunos casos, como en el del hierro del Mutún, comprometiendo subsidios más que generosos.

El resultado ya se observa en las calles bolivianas: escasez, especulación y malestar social, que crecen a medida que, por otra parte, se anticipa el inminente descenso de los recursos fiscales con los que funciona el sistema rentista. Es difícil anticipar cuánto resistirá este sistema porque, naturalmente, tiene también otras dimensiones que lo sustentan. La crisis de la minería estatal en Bolivia fue muy prolongada y la desaparición de sus rentas no colapsó el sistema sino que absorbió más bien subsidios de otros sectores, hasta que el colapso del mercado del estaño se combinó con la crisis fiscal e hiperinflacionaria que enfrentaba el país, haciéndolo materialmente insostenible.

En la Bolivia actual el sistema tiene un blindaje ideológico y cultural que es extraordinariamente fuerte y que podría prolongar los esfuerzos por reconstruir el modelo rentista por mucho tiempo, aún cuando las rentas sean cuantitativamente menos importantes de lo que han sido en los últimos años.

Lamentablemente, es muy difícil pensar que esto vaya a cambiar el resultado final. El rentismo debilita las estructuras institucionales y desalienta los emprendimientos productivos, generando una dinámica inequitativa que se reproduce por las presiones de los grupos que pueden imponer sus prioridades mediante el conflicto.