Eduardo Córdova
Marlene Choque
Benjamín Santisteban
El período 2003-2008 -que inicia con la crisis que provocó la
caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, una etapa histórica
que conjugó el neoliberalismo y la democracia pactada, y viabilizó
al referéndum sobre el proyecto de Constitución- estuvo marcado
por varios momentos de incertidumbre. Incertidumbre, por ejemplo, sobre lo que
harían los actores estratégicos y también sobre las vías
que recorrerían para apuntalar sus propósitos. Es un lapso que
expresa el desajuste entre el sistema político (el subsistema social
que asigna poder y decide de manera vinculante sobre asuntos comunes), con inestabilidad
en el tiempo y desequilibrio en los intercambios con la economía y la
sociedad.
La ruta de transformación que atraviesa el sistema político marcó
varios hitos sin retorno: La descentralización, la inclusión de
los pueblos indígenas. Por otra parte, la crisis que desemboca en la
transición actual es notoria, sobre todo a partir del año 2000,
que conjuga cambios en varios aspectos: debilitamiento del sistema de partidos;
efectividad legislativa de la protesta; efectividad de la protesta contra medidas
neoliberales; disminución de la efectividad y estabilidad de las instituciones;
disminución de la confianza popular y aumento del número de protestas.
El sistema político, o la política -en tanto que conjunto
de ámbitos institucionales y patrones de acción regulados-, sufrió
en los últimos años el desborde incontenible de lo político
-la acción política, que no se enmarca necesariamente en canales
formalizados o en maneras establecidas-. Surgieron actores nuevos y se incorporaron
escenarios distintos a la negociación y disputa política.
En ese escenario se reconocen seis tendencias y desplazamientos de los ámbitos
de decisión vinculante, que el proyecto de Constitución que será
sometido a referéndum no resuelve a plenitud. Estos son:
- Multiplicación de los escenarios de negociación y disputa
política (la política en los departamentos; la "ruralización"
de la política);
- Desinstitucionalización (no tanto una "quiebra institucional"
como la oposición o complementariedad entre la política en las
calles y la política institucional);
- Plebiscitarismo (la consulta permanente con el "soberano");
- Reorientación de la relación entre política y economía;
- Mediatización (más que en las décadas anteriores,
los medios son actores de las disputas políticas);
- Judicialización (sobre todo por la importancia de las decisiones
u omisiones del Tribunal Constitucional).
A escala nacional, los cambios en el régimen político son notorios
respecto del lapso en que predominó la democracia pactada. En el período
2003-2008 la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no fue
de subordinación de los parlamentarios. El "gobierno sin partidos"
de 2003 a 2005 y la mayoría opositora en el Senado plantearon problemas
de gestión parlamentaria que el diseño institucional próximo
deberá enfrentar. El efecto de la segunda vuelta parlamentaria es difícil
de prever porque se refiere al Ejecutivo y no al Legislativo.
En cuanto al sistema de partidos que colapsó en 2003, destaca su baja
institucionalización (inestabilidad de los componentes y las relaciones,
falta de arraigo en la sociedad, déficit de reconocimiento y legitimidad,
falta de democracia interna) más que su carácter pluripartidario
y moderado. Su debilidad se expresa en que las principales demandas de cambio
democrático pasaron por otros canales. En los últimos años
la representación se expresó en un sistema de movilización
competitiva alrededor del clivaje geográfico.
La posible reconfiguración del sistema continuará contando en
el corto plazo entre sus rasgos con la distancia ideológica. Siendo un
régimen presidencial, las posibilidades de articular un sistema pluripartidario
plantean riesgos de estabilidad. No es posible saber cómo se procesará
el clivaje geográfico, si podrá configurarse un sistema nacional
de partidos nacionales.
El sistema electoral no varió en el período tanto como el comportamiento
electoral y de los políticos. Las cortes electorales también fueron
afectadas por las presiones de la movilización competitiva. Aunque el
proyecto de Constitución no modifica las circunscripciones, la forma
de voto o la fórmula de asignación de representaciones en elecciones
generales, el papel del Poder Electoral será más constante por
la apertura de posibilidades de participación electoral popular.
Las múltiples reformas que se inician se harán sobre el terreno
de una cultura política cuyo ritmo de cambio es presumiblemente más
lento que la implantación de las innovaciones institucionales. Está
pendiente el arraigo de valores como el pluralismo. Por otro lado, el "cortoplacismo"
que afectó a la Asamblea Constituyente, cuyo resultado debía proyectarse
al largo plazo, y los intereses personales y de grupo, siguen influyendo en
la política, no necesariamente de modo activo o propositivo, sino en
modalidades de veto y reacción.
En el curso de las reformas institucionales se observa la vigencia de dos formas
de hacer política que conviven sin armonía: Una forma institucional
apegada a la representación a través de los partidos y otra forma
vinculada a la participación directa y a la movilización. En ese
marco, todas las reformas de estos tiempos tuvieron dos elementos: disposición
de los tomadores de decisiones hacia el riesgo (aceptar la Constituyente, aceptar
"abrir" la política) y disponibilidad de alternativas institucionales
(recetas, experiencias de otros países). A esto se suma la disponibilidad
de las dos maneras de encarar la política. Entonces, el equilibrio que
el sistema debe buscar no se refiere abstractamente a que los subsistemas sociales
tengan interrelaciones estables sino también, por lo menos, a la previsibilidad
entre la política institucional y esta otra política.
