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DOSSIER
TEMA: SISTEMA DE JUSTICIA

Estudio: “La penalización del aborto es un acto de tortura” hacia las mujeres
05-04-2017

Por Malkya Tudela Canaviri

La penalización del aborto, que implica barreras legales, sociales y culturales, es un acto de tortura que se ejercita contra las mujeres porque suelen enfrentar solas el miedo a morir, el miedo a perder su libertad y el temor a la intervención en su cuerpo de manera insegura y clandestina.

Así se resume la explicación del abogado Franco Albarracín, quien elabora su tesis de maestría en Derecho Internacional y Derecho Humanitario en la American University Washington College of Law, sobre la “interrupción voluntaria del embarazo”.    

En su investigación analiza el tránsito de las mujeres para conseguir la interrupción del embarazo en condiciones externas al sistema de salud pública.

En el derecho internacional no solo se considera tortura cuando un policía o militar aplica agresiones físicas o psicológicas a una persona para obtener información. Albarracín explica que la jurisprudencia internacional ha desarrollado el concepto de tortura como un acto realizado por acción u omisión del Estado, y que sucede incluso por motivos de discriminación (racial, sexual, etc.).

Tortura por omisión

“Al no darle el Estado los mismos derechos sexuales y reproductivos a la mujer sobre su cuerpo –dice Albarracín, los mismos derechos que garantiza al hombre, está discriminando y por omisión está obligando a que las mujeres incurran en una interrupción voluntaria del embarazo de manera precaria, esto las afecta de manera física y psicológica, las tortura”.

Al igual que un policía puede aplicar golpes sobre una persona, y ésta puede llegar a temer por su vida, una mujer siente temor de morir al enfrentarse a una intervención de su cuerpo en condiciones precarias, inseguras, externas al sistema de salud pública. Albarracín continúa: “Al no cumplir el Estado con sus deberes de una atención de salud garantizada, la mujer se ve obligada a enfrentarse al aborto clandestino, sabe que probablemente muera, sabe que puede entrar a la cárcel, sabe que una persona va a manipular su cuerpo. El Estado permite eso, eso es tortura”.

Las mujeres que deciden por el aborto pueden ser denunciadas por los propios médicos del sistema de salud pública cuando buscan ayuda después de una intervención clandestina mal realizada. Y los médicos actúan porque existen normas, empezando por el Código Penal, que persiguen y castigan el aborto.

Barreras legales, sociales, culturales

El Código Penal es una de las barreras legales que empuja a las mujeres a transitar por un camino que puede ser considerado una tortura psicológica. Albarracín señala que la falta de información de la sociedad y la carga subjetiva (cultural, religiosa, etc.) de los operadores de justicia son otras barreras que aportan a la penalización de la decisión de las mujeres por la interrupción del embarazo.

Por ejemplo, en lugar de consideraciones sobre los derechos humanos, la sentencia constitucional 206/2014 tiene estas consideraciones: “mediante la wawa, hacemos la transición a otros espacios porque la wawa es la continuidad constituida de tierra y energía, y esta a su vez recorre el eterno espiral del tiempo y se transmite en otro, por lo que esta transición natural que significa la wawa, en las culturas ancestrales merece protección y cuidado como a uno mismo.”

El derecho internacional

En contraposición está la legislación y jurisprudencia internacional que considera como prioridad los derechos humanos de las personas y de las mujeres en específico. El Informe del Relator Especial de NNUU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/HRC/31/57) indica que la penalización del aborto es una forma de tortura o trato cruel inhumano o degradante contra la mujer, a causa de las graves consecuencias que genera la práctica en condiciones indignas y poco salubres.

Otros casos citados por Albarracín que acarrean una legislación importante son los casos de la CIDH: Artavia Murillo vs. Costa Rica; Baby Boy vs. Estados Unidos; KL vs. Perú; y LMR versus Argentina.

El estudio de Albarracín se concentra principalmente en averiguar las barreras legales para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo: “En Bolivia, si hacemos un control de convencionalidad, es decir de verificar que nuestra legislación interna se adecúe a los tratados internacionales de derechos humanos, estaríamos en una ilegalidad desde hace décadas, penalizando el aborto, estaríamos en un marco de responsabilidad del Estado porque estaríamos vulnerando desde hace décadas la vida de todas las mujeres”.  

Las cifras oficiales en el país advierten que el aborto es la tercera causa de muertes maternas.



 
 
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