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Un balance de los derechos indígenas muestra una brecha entre la norma y la realidad
Periódico Digital PIEB • 03-08-2017 Los derechos indígenas vigentes en el país fueron objeto de una evaluación en el Informe IWGIA 2016, donde se plantea que existe una amplia brecha entre los derechos establecidos en la normativa y su cumplimiento, debido principalmente a las relaciones locales de poder adversas para los pueblos indígenas.

El informe anual hace seguimiento al derecho a la libre determinación y la autonomía, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, el derecho al territorio y el derecho de acceso a la justicia, como elementos emblemáticos que muestran el comportamiento del Estado frente a los pueblos indígenas.

El estudio fue editado por Leonardo Tamburini, y en su elaboración participaron la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Consejo de Mama Tallas y el Programa NINA. La publicación final se inscribe dentro de los informes del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

“Los casos vinculados a los atropellos contra los derechos indígenas en diferentes zonas del país tienen que ver con la enorme distancia que existe entre las normativas aprobadas y vigentes que tutelan los derechos indígenas y su implementación efectiva en la realidad local y regional”, dice el informe 2016 IWGIA, preparado con participación de organizaciones locales.

Para la evaluación se analizaron además casos específicos: la detención preventiva del Tata Félix Becerra (exdirigente del CONAMAQ) procesado dentro del caso Fondo Indígena; la represión policial en Takovo Mora; la destitución de la representación del pueblo Chiquitano a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; el hostigamiento a líderes de la comunidad de Querarani (Oruro); la negación de educación a estudiantes mujeres en la Unidad Educativa Poroma (que carece de nivel secundario).

Según el estudio, en los espacios locales donde están asentados los pueblos indígenas aún “priman las correlaciones de fuerzas adversas a los pueblos indígenas, donde los derechos fundamentales a la autoidentificación, al reconocimiento y titularización de sus territorios ancestrales, a la educación y al acceso a los servicios básicos en su condición de pueblo son negados con la validación de estas situaciones de parte de autoridades locales, departamentales y hasta nacionales”.

La evaluación sobre los derechos de los pueblos indígenas fue validada ante representaciones nacionales y locales de pueblos indígenas, como el CNAMIB y el CONAMAQ.
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