El pueblo indígena de San Antonio de Lomerío, en la Chiquitanía ha tropezado con por lo menos nueve trabas burocráticas y/o administrativas que le impiden constituirse como autonomía indígena en plenitud, dice el investigador y abogado Miguel Gonzales Bonilla, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.
El pueblo de Lomerío elaboró sus estatutos en 2009 con el propósito de construir gobierno propio, pero poseriormente la Ley Marco de Autonomías y Descentralización definió el camino para avanzar por esa ruta. Ahí estuvo el primer escollo pues las 29 comunidades del territorio de Lomerío tuvieron que concentrarse en adecuar su estatuto a la norma.
Lomerío decidió construir autonomía indígena sobre la base del título de Territorio Comunitario de Origen, o sobre base territorial. Gonzales identificó, en su investigación y seguimiento del proceso, que el primer paso es el registro del TIOC (ahora Territorio Indígena Originario Campesino) ante el INRA, pero ese proceso todavía no está reglamentado y no existe el procedimiento para dar ese paso.
El otro paso consiste en conseguir la certificación del Ministerio de Autonomías de que existe viabilidad gubernativa en el territorio, lo que significa la existencia, a la vez, de una organización, un plan territorial y el requisito poblacional, para tierras bajas, de por lo menos 1.000 habitantes. Gonzales advierte que este último requisito causará problemas porque por ejemplo el Territorio Indígena Sirionó cuenta con 746 habitantes.
El tercer peldaño es el reconocimiento formal, desde el Estado, de la unidad territorial en la que se va a constituir la autonomía indígena territorial, “para eso se necesita la ley de unidades territoriales que no se ha dictado todavía, es otro requisito que no depende de los pueblos indígenas”. Y aquí existe el detalle de que el Territorio Comunitario de Origen de San Antonio de Lomerío ya está reconocido y titulado, pero la nueva CPE establece nueva división territorial (no existen cantones, por ejemplo) que no ha sido legislada.
“Es como dudar de los títulos que el Estado ha otorgado a los pueblos indígenas, observamos que el camino, el recorrido, los requisitos para la implementación de la autonomía indígena son muy largos. Lamentablemente todos los territorios van a tener que partir de cero”, opina Gonzales.
El cuatro paso es que el Estado debe reconocer el órgano deliberativo o su equivalente, y el quinto paso es la elaboración y aprobación del estatuto autonómico mediante normas y procedimientos propios. “Pero luego de eso hay que someterlo a control de constitucionalidad (paso 6), una vez devuelto se pueden hacer correcciones y enmiendas, ese estatuto luego tiene que convocar a un referéndum (paso 7) y ser sometido a un referéndum aprobatorio (paso 8) por todos los habitantes del territorio indígena, recién después (se puede) implementar el gobierno (paso 9) en la forma y la estructura que esté en su estatuto”.
“Hay una serie de pasos y requisitos que, así como están, calculamos que es bastante difícil implementar, (lograr las autonomías indígenas) no va a durar ni diez meses, quizá va a durar dos a tres años cumplir esos requisitos, es un proceso a largo plazo”, dice el investigador Gonzales. Hasta ahora no existen autonomías indígenas que hubieran alcanzado ese rango sobre la base de sus propios territorios indígenas comunitarios.
Miguel Gonzales Bonilla puede ser contactado a través del correo migueltdd@hotmail.com
