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Tierra y Territorio / Política  
Redistribución de tierras fiscales es elemento de conflictividad, dice TIERRA
Periódico Digital PIEB • 14-05-2012 La conflictividad y gobernanza en el acceso, control y gestión de la tierra, territorio y recursos naturales se manifiesta actualmente en el proceso de redistribución de tierras fiscales y en la expansión de la agroindustria en detrimento de otros sectores poblacionales, señala un estudio realizado por la Fundación TIERRA.

El responsable de Investigación de la Fundación, Juan Pablo Chumacero, explica que estudios referidos a la extranjerización de la tierra en Bolivia y otros sobre la situación actual del acceso a la tierra, dan cuenta que en el país se identificaron 22 millones de hectáreas de tierras fiscales en el avance de saneamiento, de los cuales cerca de 17 millones de has no son aptas para la producción agrícola porque se encuentran en áreas protegidas o tienen otra vocación forestal. “Por tanto, quedan de cinco a seis millones de hectáreas disponibles que el Gobierno debe distribuir y otorgar derechos”, dice.

Sin embargo --dice el investigador-- a pesar de existir leyes y procedimientos para llevar adelante la redistribución de tierras fiscales, el proceso no es transparente. “Ya se han dotado más de un millón 300 mil hectáreas, pero ¿cómo se están dotando, a quiénes, con qué derechos, bajo qué criterios, quién lo aprueba, cuál es el procedimiento, dónde está el control social sobre el proceso de dotación?. En el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) hay un problema serio de transparencia, y debe ser un elemento al que hay que prestar atención”, señala Chumacero.

En ese camino indica que es necesario contar con un registro único de beneficiarios sobre la base de solicitudes de tierras fiscales aprobadas previamente por las Comisiones Agrarias Departamentales, que al momento no funcionan.

“Otros conflictos vienen por la distribución de tierras fiscales en zonas de tradición ganadera muy cruceña identificadas con el sentimiento regional de tierras bajas o la Chiquitanía, donde hay tierras fiscales que han sido dotadas por distintos gobiernos a sectores colonizadores con tradición de tierras altas mucho más agrícola, y esto vulnera las relaciones de poder, donde hay sectores que creen que sus derechos deben ser para ellos y no para otros”, manifiesta.

Tradicionalmente los conflictos por acceso a la tierra según el investigador, se han dado de diferente manera en el occidente y el oriente del país, pues en tierras altas se ha caracterizado por la pugna inter-comunal, es decir, entre ayllus y comunidades. En tanto que en el oriente se ha producido entre ganaderos, indígenas, grandes empresarios industriales, madereros, colonizadores y los sin tierra, que compiten entre sí por acceder a tierras y territorios.

Expansión y extranjerización de la agroindustria
La expansión de la superficie cultivada de soya creció de 40 mil hectáreas en los años 90´ a un millón de hectáreas en el 2011, señala el estudio de Fundación Tierra que advierte que de la mano de esa ampliación agrícola aumentó la extranjerización de la tierra cultivada y la modernización en las técnicas de producción.

“Calculamos que el 60% de la producción de los cultivos de soya está en manos de los brasileros y argentinos, es decir, de hectáreas cultivadas no precisamente de propiedad porque no hay mucha información al respecto”, señala Chumacero, quien recomienda incorporar en el Censo Agropecuario la consulta por parcela de soya, la nacionalidad del derecho propietario.

La presencia de extranjeros en el país se explica por los bajos precios tanto para la compra como para el alquiler de tierras. A comienzos de los 2000 la hectárea de tierra costaba 90 dólares, hoy oscila en 2.000 dólares. A ello también se suman los aspectos institucionales que permiten ésta situación.

“Más allá del conflicto por el acceso a la tierra, el crecimiento del sector agroindustrial en manos de extranjeros significa la pérdida de la soberanía alimentaria porque estos sectores están articulados con las élites regionales, acceden a niveles de poder, cuentan con el respaldo de instituciones públicas en la medida que el sector agroindustrial se articula con el Gobierno para exportar y producir más”, dice.

Sin embargo dice el economista, ni extranjeros ni bolivianos agroindustriales discute si es conveniente y sostenible mantener el actual modelo de monocultivo de soya -que en su mayoría es exportado parar para la producción de biodiesel en Brasil- o qué alimentos necesita el mercado interno para garantizar la seguridad alimentaria.

Contacto: jchumacero@ftierra.org

 

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