La distribución de recursos, según la cantidad de población, ha generado desigualdad e inequidad, dice el investigador que trabaja en la Fundación Jubileo. “El criterio sería –afirma-- tener la distribución de los recursos en función de las demandas sociales que tienen las regiones, eso es en función de la pobreza, educación, salud, que nos van a permitir hacer una mejor redistribución de los recursos que provienen de la venta de minerales y de gas”.

Con la información del Censo que se espera se realice este 2012 se conocerá qué debilidades tiene una urbe, municipio o poblado, sea en educación, salud, servicios básicos, derechos económicos y sociales, etcétera, para atender los territorios con mayores necesidades, no con mayor población.

“El pacto fiscal es básicamente que los recursos que tiene el Estado puedan ser redistribuidos de la mejor forma para la planificación y el desarrollo del país. El pacto significa que todas las instituciones, gobiernos nacionales y subnacionales acuerden cómo se van a repartir las tajadas de la torta”, dice Pérez Coronel.

En las movilizaciones sociales de 2005, los sectores sindicalizados, institucionalizados (universidades) y territorializados (gobernaciones, entidades cívicas) pugnaron en las calles por percibir las rentas de los recursos naturales, específicamente de hidrocarburos. Así las universidades, gobernaciones y municipios recibieron recursos en función de maniobras coyunturales y a título de conquistas sociales. La distribución de los recursos se expresó en la Ley de Hidrocarburos.

El problema derivó en que municipios como El Alto o Santa Cruz tengan una población grande, con escasos recursos en comparación con el municipio de Pando o Tarija que cuentan con una cantidad reducida de habitantes, pero grandes recursos.

La Ley Marco de Autonomías determina que un nuevo pacto fiscal debe darse a los seis meses de realizado el Censo de Población y Vivienda, hasta ahora con un retraso de dos años y programado para el próximo noviembre.