El ejercicio de gobernar a través de los mecanismos de la autonomía todavía no se han ejercido, ni siquiera el escenario con mayor propuesta política que son las autonomías indígenas de los pueblos mojeños, dice Molina en una evaluación en diálogo con el Periódico Digital del PIEB.

El sociólogo Wilder Molina, que ha acompañado desde el ámbito de la investigación el proceso autonómico (departamental, regional, municipal e indígena) en el Beni, plantea que las autonomías han estado subordinadas a la correlación de fuerzas políticas marcada por la coyuntura.

En el caso de la autonomía departamental, los grupos regionales visibilizaron entre 2007 y 2009 su propuesta, acompañada de la aprobación de un estatuto a través de un referéndum. Este hecho fue cuestionado posteriormente por los aliados al gobierno como “ilegítimo”.

La correlación de fuerzas tuvo un viraje, y desde el año pasado el partido de gobierno y sus aliados tienen más fuerza en la asamblea legislativa departamental. Ahora se ha impuesto la posición de reactualizar el estatuto y darle un nuevo valor en un proceso participativo de recolección de aportes e ideas. Molina dice que este nuevo proceso no cuenta, sin embargo, con el consenso global de los actores porque la oposición cuestiona haber echado de lado el referéndum.

Molina advierte que en concreto no se ha ejercitado aún el gobierno a través de las autonomías. “De hecho la asamblea departamental es una de las que menos leyes ha aprobado. Eso hace ver una debilidad y déficit propositivo”.

Paralelamente a las autonomías departamentales se abrió el debate sobre las autonomías indígenas. En este último caso se cuentan tres demandas de concreción de estos gobiernos, pero el panorama político no es precisamente adecuado para avanzar en este tema. Hasta el momento han demandado autonomías el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y otros dos territorios vinculados a la población moxeña, pero Molina advierte que no el escenario de discusión de estos temas no es óptimo para cumplir con las expectativas de las poblaciones indígenas “por limitaciones tanto técnicas de la propia legislación como por debilidades orgánicas internas”.

La otra línea es la autonomía municipal que ha retomado una nueva etapa de profundización, con la posibilidad de elaborar cartas orgánicas a la medida de su realidad económica, social y étnica. Por ejemplo introducir representación indígena en el concejo, como minoría territorial que está obligada a tener presencia en esa instancia.

Cada una de las autonomías tiene su ritmo y característica, pero la autonomía regional es la opción que en Beni no ha tenido fuerza suficiente para proyectarse, dice Molina. Desde Riberalta y Guayaramerín se ha planteado la idea de impulsar la autonomía regional a partir de la provincia Vaca Diez, principalmente para romper con la dependencia de Trinidad. El proceso está en la elaboración de un plan de desarrollo regional, un ideal de hace años pero que no se ha activado concretamente.