Casi una semana de amotinamiento de los policías en todo el país deja la marca de un problema estructural complejo que se puede resumir, sin simplificar las particularidades del caso, en un “desgobierno policial”, dice la politóloga e investigadora Loreta Tellería, para quien “ningún gobierno ha tenido la suficiente solidez política para hacer los cambios necesarios” en la Policía Nacional.
El personal subalterno de esta institución inició la pasada semana un motín, demandando un incremento salarial, una jubilación justa y la flexibilización del reglamento de procesos disciplinarios internos. A medida que los días transcurrieron, los uniformados incrementaron sus demandas y sus protestas con paralización de actividades en todas las unidades.
La politóloga e investigadora del Observatorio de Democracia y Seguridad, Loreta Tellería, explica lo que está pasando en el hecho de que la Policía ha recibido escasa atención de los gobiernos en ámbito jurídico normativo y en el ámbito económico. Esto hace que el país mantiene una Policía con una estructura militarizada, con capacidad de deliberar y que refleja todas las inequidades, desigualdades y discriminación de la sociedad boliviana.
“Si ha habido tres motines policiales de estas características en los últimos 12 años (2000, 2003 y 2012), ha habido muchos más motines de menores características en todo el periodo democrático”, dice Tellería. En cualquier momento iba a estallar esa “bomba de tiempo”.
Por un lado las reivindicaciones de los uniformados son justas entendiendo las necesidades de mejorar la calidad de vida, dice la investigadora, pero por otra parte está una institución calificada como una de las más corruptas del país.
“La Policía necesita –dice Tellería-- una reforma drástica que abarque tanto el ámbito normativo como la misma estructura institucional. No se puede tener una institución que refleje en su interior la discriminación y el racismo entre oficiales y suboficiales, no se puede mantener una institución donde los que salen a las calles tengan una calidad de vida totalmente relegada y desproporcionada frente a sus jefes, no se puede tener una institución donde la corrupción sea la principal característica identificada por la sociedad y por ellos mismos”.
¿Pero qué sucedió con las reformas y reestructuraciones anunciadas por distintos gobiernos, incluido el de Evo Morales? La respuesta tiene que ver con que ningún anuncio de reforma se ha concretado, y porque además han sido planteados al calor de conflictos internos.
El problema está en haber llegado a un punto en que la Policía, una instancia que tiene junto a las Fuerzas Armadas el monopolio del uso de armas, comience a deliberar, amenazando la institucionalidad democrática del país, dice Tellería.
Por eso es que la capacidad de deliberar que demuestra la institución, en criterio de la entrevistada, debe ser analizada por el gobierno, municipios y gobernaciones con el objetivo de pensar una reforma que incluya a todos los actores involucrados “y que restablezca la subordinación de la fuerza pública al poder civil”. De lo contrario “se corre el riesgo latente del resquebrajamiento de la democracia”.
