La violencia contra las mujeres permanece solapada en muchos países de la región, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Así es, inclusive cuando las personas involucradas en el diseño de la administración del Estado necesitan información de calidad para guiar reformas legislativas y de política pública, asegurar servicios para responder a una demanda, monitorear tendencias y progresos alcanzados y evaluar el impacto de las medidas respecto de la violencia contra las mujeres.
El documento, titulado “Si no se cuenta, no cuenta – Información sobre la violencia contra las mujeres” (2012), trata de aportar a la comprensión y al tratamiento de este problema para avanzar hacia su eliminación.
Sobre la base de estudios de caso de Argentina, Guatemala, Perú y un análisis sobre el Caribe, se analiza la “adecuación de los datos para permitir construir una línea de base sobre la prevalencia del fenómeno y medir la eficacia de las intervenciones de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia”.
El diagnóstico hace énfasis en la disponibilidad de información, investigación y diagnósticos sobre este tema, como un elemento importante para ampliar el consenso sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. “Lo que no se contabiliza no se nombra, y sobre aquello que no se nombra, no se actúa”, dice el informe.
Los problemas identificados se refieren a la producción de información, a la falta de datos consolidados y a la accesibilidad pública de la información. En el primer caso, se plantea que los países en general “carecen de mecanismos para enfrentar el subregistro de casos de violencia contra las mujeres”; mientras que en el segundo caso se plantea, entre otros aspectos, que “no cuentan con información estadística consolidada sobre denuncias, detenciones y sentencias”; en el último caso se advierte que la mayoría de países “carece de mecanismos para poner la información estadística al alcance del público”.
El estudio plantea que las encuestas nacionales son un instrumento importante para indagar sobre este tema. El único dato que cita sobre Bolivia es precisamente el de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de 2004, cuando se consultó a mujeres de 15 a 49 años de edad si fueron forzadas a tener relaciones sexuales por sus parejas masculinas alguna vez o en los últimos 12 meses; la respuesta del 15% fue “alguna vez”.
Aunque el estudio de la CEPAL no incluye a Bolivia, en el país la investigación “Más que cifras una realidad. Reporte Estadístico Violencia contra las Mujeres. Datos Quinquenales 2007-2011”, desarrollado con apoyo del Conexión Fondo de Emancipación, contiene datos que también advierten de la ausencia de información oficial sobre el tema.
El estudio plantea que las denuncias de violencia contra las mujeres se incrementaron en un 36,94% entre 2007 y 2011, en lo que se puede denominar como una “pandemia”. Esto sucede a pesar del interesante marco normativo de protección a los derechos humanos y a los derechos humanos de las mujeres porque en instancias estatales existe la tendencia a inducir a una conciliación entre el agresor y la víctima.
El estudio elaborado por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) muestra 299 denuncias de violencia intrafamiliar contra mujeres por día. En un quinquenio un 9,13% de los casos no contaba con un juicio concluido y sentencia, mientras que 0,41% de casos tiene sentencia ejecutoriada con el acusado o la acusada a la cárcel.
