Una nueva metodología sobre la investigación para la búsqueda y esclarecimiento de las desapariciones forzadas en tiempos de dictadura, de 1964-1982, es trabajada por un equipo de antropólogos forenses, arqueólogos y sociólogos, con el propósito de encontrar los cuerpos y entregarlos a sus familiares. Hasta ahora se pudo georeferenciar puntos de entierro y se identificaron los restos de nueve personas. Gracias a este procedimiento, en cuatro casos ya hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el resarcimiento económico a las familias.
Se trata de una metodología que consiste en la revisión histórica y la contextualización de los sucesos en cada gobierno militar, con el propósito de obtener indicios para la búsqueda de las personas desaparecidas en ese periodo, dijo al Periódico Digital PIEB el antropólogo forense Luis Castedo Zapata, docente investigador del Instituto de Investigaciones Arqueológicas Antropológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
El punto de partida es la recuperación hemerográfica de los sucesos de gobiernos militares (lugares de detención, denuncias), entrevistas a familiares y el análisis de declaraciones registradas ante la Fiscalía a partir de 1983, cuando finalizaron los gobiernos de facto.
“Juntamos esos datos, hacemos cruce de todas las variables y llegamos a datos aproximados para hacer incursiones en campo, para georeferenciar los puntos donde se hará la extracción de restos óseos o, en términos legales, la exhumación. Hasta el momento se han podido entregar ocho a nueve cuerpos a familiares, en más o menos cuatro casos ya ha habido sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el resarcimiento económico a las familias”, explicó Castedo.
Las investigaciones continúan por gestiones del Ministerio de Justicia, Fiscalía General y la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASOFAMD), que formaron el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas en tiempo de Dictadura. Las investigaciones comenzaron con especialistas argentinos que se encargaron específicamente del peritaje forense, la búsqueda, excavación y los análisis genéticos.
A diferencia de los investigadores policiales que buscan responsables para enjuiciar, los antropólogos, arqueólogos y sociólogos tienen la meta de encontrar los restos de los desaparecidos, una ventaja metodológica pues las fuentes se abren más ante un equipo técnico que ante un abogado y confían en que se guardará su anonimato, comentó Castedo en entrevista con el Periódico Digital PIEB.
Una vez que se tiene un punto georeferenciado, comienza la cadena de custodia con los restos humanos que implica la participación de los policías y fiscales. ¿Se puede detectar si un cuerpo fue torturado? El antropólogo afirmó que eso es difícil porque, por ejemplo, en el caso de Teoponte, que es zona húmeda y cabecera de trópico, los restos óseos están degradados.
Según la lista oficial de ASOFAMD, cerca de 150 personas fueron desaparecidas durante los gobiernos militares y desde 1983 se recuperaron una veintena de cuerpos debido a exhumaciones inmediatamente posteriores a la caída de los dictadores. Actualmente el equipo técnico tiene ocho casos abiertos que sólo cerrarán con la restitución de los cuerpos a los familiares.
Castedo confía que el trabajo desarrollado hasta ahora sirva de base para armar una metodología de búsqueda de casos de desapariciones recientes.
El antropólogo forense y docente universitario Luis Castedo Zapata puede ser contactado en el correo luiscastedoz@gmail.com
