Los procesos de instauración de las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas avanzan de forma desigual en el departamento del Beni, donde incluso se han registrado algunos retrocesos y estancamientos, dice el sociólogo y jefe del departamento de Investigación de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), Daniel Bogado.
Bogado recuerda que la propuesta de autonomía departamental fue liderada de manera temprana desde Trinidad (Beni) y apoyada por Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Al mismo tiempo los municipios benianos optaban por fortalecer sus autonomías, una región como la provincia Vaca Diez apuntaba a la autonomía regional, mientras que parte de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) optaba por la autonomía indígena.
El 90% de la población optaba por la autonomía departamental, por oposición al centralismo, aunque este apoyo se redujo hasta un 70% después de las abiertas pugnas políticas entre el oficialismo y la oposición. Las aguas políticas se calmaron, y en el segundo mandato del presidente Evo Morales hubo una decisión para impulsar la aplicación de autonomías en todo el país.
El gobierno departamental del Beni emitió cuatro leyes departamentales en 2010 y 10 leyes el año pasado, según el Ministerio de Autonomías, aunque no se explica qué significa ese nivel de emisión de normas.
A estas alturas se puede decir que la autonomía departamental ha tenido “retrocesos grandes”, plantea Bogado, porque si bien había un estatuto autonómico, éste fue hecho a un lado en función de la “polarización política”, y “si antes se decía que los estatutos eran de la oposición, ahora se dice que son del oficialismo”.
“Ahora que estamos en el proceso de autonomía, (desde el gobierno se) van poniendo ciertos candados para que no haya autonomía plena, candados desde el poder ejecutivo y legislativo, la Ley de Autonomías da ciertas prerrogativas pero también te encierra o limita ciertas cosas”, dice Bogado.
Por ejemplo, acerca de las competencias exclusivas que deberían tener los municipios. El Estado delega 43 a los gobiernos municipales, pero en los aspectos financiero y económico tienen que ser supervisados por la Contraloría General. ¿De qué autonomía estamos hablando?, se pregunta Bogado, quien plantea que tal vez luego en el proceso de socialización los sectores sociales puedan reaccionar, antes de que las cartas vayan a revisión del Tribunal Constitucional, se habrá un proceso de validación y posteriormente un proceso de aprobación a través de un referéndum.
Un nivel autonómico que sí tiene avances es la elaboración de las cartas orgánicas municipales. Doce municipios en Beni están en distintos momentos de la redacción de sus cartas orgánicas (desde la redacción del anteproyecto hasta la socialización), “mini-constituciones” que permitirán establecer la forma de elección de las autoridades, planificar el desarrollo y establecer potestades tributarias. Aquí los sectores sociales sí están activamente involucrados participando en mesas temáticas de trabajo.
Las autonomías regionales e indígenas aún no han tenido avances significativos, respectivamente, aunque Bogado considera que el pueblo Chimán califica para comenzar el proceso de formulación de su autonomía. Esto es importante puesto que los últimos dos años los pueblos indígenas del Beni marcharon hacia la sede de gobierno planteando propuestas relativas a la posesión de sus territorios (rechazo a la construcción de una carretera), pero en este departamento no existe ni una tramitación para la autonomía indígena.
“Es necesario que cada municipio, región, departamento se maneje por sí solo –dice Bogado–, es una forma también de madurez política en la toma de decisiones de su propio desarrollo, pero mientras sigamos bajo la tutela de un Estado monopolizador, no estamos avanzando mucho”.
