La pobreza en el área rural en el país se concentra entre los trabajadores por cuenta propia y los familiares no remunerados dedicados a tareas de agricultura, silvicultura, pesca y minería, en síntesis una población que supera los 1,4 millones de bolivianos que además tiene, entre otros, los rasgos de ser indígena, hablar idioma nativo, no tener miembros migrantes, tener una mujer como jefe de hogar y ser familias numerosas.
El documento “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo II” (FAO, 2012), impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la FAO, contiene el balance de la situación en siete países.
El caso de Bolivia fue analizado por el economista Julio Prudencio, quien caracteriza a la agricultura de exportación como concentrada en el monocultivo, con alta tecnología y escasa mano de obra (a pesar de eso es el sector con más asalariados rurales); en cambio la agricultura campesina produce para el mercado interno y el autoconsumo, con baja tecnología e insumos y mano de obra familiar (cuenta propia), aunque ocasionalmente emplea asalariados.
La mayor parte de la población ocupada en el sector rural es trabajador por cuenta propia y familiares no remunerados (91,95%) en la agricultura, silvicultura, pesca y minería, es decir más de 1,4 millones de personas se dedican a esa actividad. En este sector es dónde se concentra la pobreza, que alcanza a un 83,4%, es decir más de 8 de cada 10 ocupados son pobres.
Los asalariados, la mayoría hombres, solo alcanzan a un 13,42% (más de 285 mil personas). En el sector servicios es donde más mujeres participan, llegando a un 53,31%.
Según Prudencio, la pobreza se explica por “el acceso que pueda tener la población a los recursos productivos (tierra, riego, financiamiento, caminos), su incorporación al mercado, los salarios e ingresos que puedan obtener, el acceso al empleo y otros” aspectos. Pero además se explica por el nivel de educación de la población rural económicamente activa.
“Porcentajes elevados de población sin educación –dice el estudio-- o solo con educación primaria (43% hombres y 65% mujeres) corresponden principalmente a los municipios con pobreza alta; en cambio en los municipios con pobreza baja, el nivel de educación se ubica en el 27,7% para los hombres y el 38,6% para las mujeres”.
Cuando se caracteriza la pobreza también salen a luz otros rasgos. Las poblaciones autodefinidas como originarias/indígenas, las que hablan un idioma nativo, las que tienen personas en el rango de 5 a 8 años de edad, las que tienen familias con más miembros, las que cuentan con familias sin miembros migrantes y las familias donde el jefe de hogar es una mujer coinciden con las poblaciones con mayor índice de pobreza.
El economista advierte que en el país no existe una legislación para regular el trabajo asalariado rural, y es por eso que los regímenes de trabajo asalariado rural han dado lugar a formas extremas de exploración laboral que no pueden ser controladas por el Estado.
El salario mínimo nacional, las formas de contratación, las prestaciones en salud, la jornada laboral, las organizaciones sindicales, el régimen vacacional, el trabajo infantil, el trabajo de mujeres y otros aspectos del empleo rural son analizados por el documento.
Prudencio considera que “no es muy útil tener una legislación laboral adecuada si esta no se cumple” y “si el Estado no cuenta con los recursos suficientes, la infraestructura adecuada y el personal necesario para el monitoreo y el cumplimiento de las disposiciones legales laborales”, menos todavía para el sector rural. Las recomendaciones del economista van en la línea de reparar esas dificultades.
