Marlene Choque Aldana y Eduardo Córdova Eguívar investigaron las características del avance y elaboración de los proyectos de estatuto autonómico en los departamentos del país. Los resultados del estudio fueron publicados en el libro “El andar de la autonomía departamental en Bolivia: caminantes y senderos”, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En esta entrevista, Marlene Choque menciona las dificultades y dudas técnicas en el diseño de los estatutos, la participación social previa y resultante de los estatutos, además de un constante volver a empezar frente a problemas técnicos para los que ya se plantearon soluciones.

¿Cuál es (o cuáles son) la característica común a los procesos de construcción de los estatutos autonómicos departamentales, en términos de enfoque o concepción de las autonomías?
En primer lugar debemos considerar que hay dos procesos, el de “adecuación”, para los cuatro departamentos que optaron por la autonomía en el referéndum de 2006 y que ya cuentan con estatutos reconocidos tácitamente por las leyes, y el de construcción, para los restantes cinco departamentos. Ambos procesos son eminentemente políticos, no porque se invaliden los argumentos técnicos sino porque hay una poderosa dinámica de relación entre actores estratégicos (que también esgrimen argumentos técnicos).

Hasta donde nuestro trabajo acompaña los procesos —lo concluimos hace varios meses—, una de las características compartidas por todos los procesos es el hecho de que parte de los esfuerzos institucionales y de participación de la sociedad rinden resultados que no necesariamente son considerados en las siguientes etapas (esto, al margen de las diferencias entre los departamentos que tienen documentos que adecuar y los que no los tienen). Más allá, se observan algunas alternativas o dilemas comunes.

En lo “técnico” sobresalen las dudas sobre los alcances del estatuto y sobre su relevancia práctica para la gestión legislativa en las asambleas, considerando que las competencias ya se pueden ejercer antes de tener un estatuto. También hay dudas sobre cómo construir una visión estratégica de conjunto, si se debe hacer con carácter previo a la recolección de propuestas ciudadanas o, por el contrario, debe construirse a partir de las numerosas propuestas, que no necesariamente son compatibles. En el aspecto político, se trata de un período conflictivo y de reajustes a la nueva institucionalidad dentro de los departamentos —entre gobernadores y asambleas, dentro de las asambleas— y entre departamentos —por límites, en el caso de Oruro y Potosí. Otro elemento de ese escenario es que la autonomía no es ya un motivo de polarización nacional.

¿Cuál es el nivel de participación social en la construcción de estos estatutos?
Aquí debemos distinguir la participación “previa”, encarnada en la recolección de visiones o demandas y en propuestas corporativas presentadas antes o al lado de los procesos de elaboración o adecuación de estatutos, de la participación convocada como parte de esos procesos. En el primer caso, hay una gran cantidad de propuestas en varios departamentos. Algunas son proyectos completos, otras se refieren a temas puntuales.

En el caso de la participación convocada, constitucionalmente los estatutos deben hacerse de manera participativa. La participación es diversa y depende no tanto de los impulsos o demandas sociales como de los diseños de la metodología de confección de los estatutos. En la recolección de miles de propuestas ciudadanas (esto es notorio en los casos de Chuquisaca y Cochabamba, por ejemplo) se expresa una notable opción por la participación. Sin embargo, desde quienes conducen los procesos no hay una valoración homogénea de la participación, sobre si es suficiente para fundamentar la formulación de los estatutos o si legitima simplemente las propuestas elaboradas por equipos técnicos.

¿Cuán presente está esto de la “creación permanente” (volver a empezar) y cómo afecta al proceso autonómico?
Sí está presente. La idea de empezar de nuevo como si fuera empezar de cero no es exclusiva de la formulación de los estatutos. No se trata solamente de una “creación permanente”, sino de inversiones de esfuerzo institucional y social que no se recuperan entre una etapa y otra de los procesos. Tampoco se trata solamente de volver a plantear problemas técnicos para los que ya se formularon soluciones sino de interpretaciones y posturas políticas frente a las propuestas de otros actores. Esto afecta necesariamente el curso de la elaboración de los estatutos y probablemente afectará en alguna medida los resultados.

En el caso de los departamentos autonomistas (los cuatro que optaron por la autonomía departamental en el referéndum de 2006), la población fue convocada en repetidas ocasiones (a cabildos, a votar en los referendos que no fueron reconocidos o en el referéndum de revocatoria de mandato) para promover o defender “la autonomía” y debe asumir que esos esfuerzos fueron insuficientes, ya que los estatutos deben adecuarse necesariamente a la Constitución. En los otros departamentos el problema se plantea sobre todo en el paso de la prefectura al gobierno departamental después de las elecciones de abril de 2010. Hay propuestas de las prefecturas que no están siendo recuperadas en los procesos de construcción de estatutos. Esto tiene un efecto en el avance del proceso porque no permite una asimilación y aprendizaje de procesos y experiencias “exitosas”, sino que siguen primando visiones partidistas o ideologizadas del proceso, que perjudican su profundización.

La socióloga e investigadora Marlene Choque Aldana puede ser contactada a través del correo marlenech1@gmail.com