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Ninguna rampa para personas con discapacidad física cumple estándares reglamentarios, dice estudio
Periódico Digital PIEB • 06-06-2014 Rampa discapacitados Periódico Digital PIEBUna investigación realizada en la ciudad de Sucre verificó que ninguna rampa colocada para el desplazamiento de las personas con discapacidad física, en las calles o en las instituciones (públicas o privadas), cumple con los estándares reglamentarios. Más bien provocan “gran dificultad” de movilidad, les impiden autonomía y les fuerzan a pedir ayuda a terceros, dice la psicóloga Ivonne Fabiana Ramírez.

Los desniveles parecen haber sido “encajados” en las construcciones de las instituciones bancarias, de servicios y en las propias vías públicas, sin tomar en cuenta estándares internacionales que están previstos para estas infraestructuras. Esta situación les está “ocasionando una gran dificultad para que tengan que acudir a la ayuda de terceros, perdiendo autonomía y de esta manera se vea afectada la transitabilidad, utilización y seguridad de estos recursos”, dice la investigadora.

El punto de arranque de esta primera fase de la investigación es el análisis de la Ley 1678, en su artículo 13, que establece la obligatoriedad para instalar esta infraestructura especial en beneficio de las personas con discapacidades físicas. La indagación se hizo en el marco de la Carrera de Kinesiología de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, junto con estudiantes universitarios, para evaluar los diferentes distritos de la ciudad y el departamento de Chuquisaca.

El objetivo de la investigación es identificar las diversas barreras arquitectónicas en las vías e instituciones de la ciudad de Sucre. Allí se tomó como muestra 30 rampas de las vías públicas, 10 de las entidades financieras, 10 de instituciones de pago de servicios básicos y 10 instituciones educativas y facultades de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. En estos casos se observaron y registraron: la pendiente, el ancho de la rampa, el largo, el peralte, los bordillos y los barandales. Además se completó el trabajo de campo con una entrevista abierta dirigida a 74 personas con discapacidad.

Ramírez explica que los estándares internacionales prevén que las rampas deben tener pendientes de 6 a 7 grados, y ninguna cumple con esa exigencia, carecen de señalización y la superficie de la rampa no cuenta con material antideslizante ni el remate. Por eso se constituyen, antes que en un elemento de ayuda, “en una de las causas para que las personas con discapacidad queden confinadas y restringidas en sus derechos”, continúan confinadas a sus casas porque no pueden acceder a un tránsito libre por el centro de la ciudad.

“Las rampas, en su improvisación inclusive están situadas en algunos casos casi detrás de las puertas, haciendo imposible su uso. Y en el centro histórico hay presencia de postes de luz, rompemuelles, y otros obstáculos para las personas que se mueven en sillas de ruedas”, dice la investigadora. En las entrevistas recogidas si bien las personas mencionan que se han registrado accidentes en estas rampas, principalmente resaltan la imposibilidad del uso de estas infraestructuras.

En una segunda fase de la investigación se prevé verificar otros espacios supuestamente diseñados para las personas con discapacidad, como los sanitarios y los medios de transporte que también deben tener, según ley, características especiales para permitir su movilidad y libre transitabilidad.

Los resultados de esta primera fase de la investigación serán socializados en la Conferencia “Barreras arquitectónicas versus libre transitabilidad” , programada para el próximo martes 10 de junio en el Salón Gunnar Mendoza, calle España Nº 43 en la ciudad de Sucre.

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