Periódico Digital PIEB • 30-03-2011 Las asambleas y juntas revolucionarias de los primeros años de la Reforma Agraria (iniciada en 1953) fueron estudiadas por la historiadora Carmen Soliz, de la Universidad de Nueva York, y parte de sus resultados han sido expuestos en una conferencia organizada por el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).
En criterio de Soliz las investigaciones han “mantenido miradas fijas sobre la etapa pre y post 52”, sin ingresar por ejemplo a ver en qué consistía exactamente el sistema de pongueaje, cómo actuaron las milicias nacionalistas, cuál es la biografía de los dirigentes campesinos o qué reflejan los expedientes judiciales agrarios, entre otras cosas.
En el contexto de la “revolución nacional” de 1952 sucedió la reforma agraria con la medida radical de entregar tierra a los pequeños campesinos y eliminación de la servidumbre. Soliz se concentró en estudiar los expedientes de los procesos agrarios y especialmente en las asambleas y juntas revolucionarias que funcionaron entorno a haciendas de Achacachi y en Chulumani, ambas en el departamento de La Paz.
La junta rural en cada capital de provincia recibía la demanda, realizaba reuniones en la que se escuchaba la voz del propietario rural y la voz de los campesinos con la intención de llegar a un acuerdo entre ambos, aunque el hacendado generalmente no aparecía en la audiencia. “Estos famosos miembros de las juntas rurales no eran ni técnicos, ni abogados ni jueces, sino personajes locales”, dice Soliz.
En el caso de Achacachi hubo dos presidentes en la junta rural, Luciano Quispe y Toribio Salas, el segundo más moderado que el primero. La propiedad, el ganado y otras herramientas de la hacienda fueran afectados por decisión de estas asambleas.
Un análisis de los informes de los técnicos del gobierno, los reclamos de los propietarios, los datos de la disposición de las cosechas y la negativa de los campesinos a firmar contratos de trabajo forman parte del estudio.
En Achacachi Toribio Salas dirigió 12 audiencias, en 7 casos las declaró latifundio, en cinco las calificó como mediana propiedad. En Chulumani de 29 casos de afectación, los vecinos que presidieron las juntas, afiliados al MNR, sugirieron sólo tres casos como latifundio mientras que el restante fue declarado propiedad progresista y/o mediana. Soliz dice que en Chulumani los propietarios estaban más interesados en firmar contratos de trabajo con los campesinos para garantizarse la mano de obra en el cultivo de la coca.
“Yo creo que fue más bien la presión de los campesinos que se negaban a firmar estos contratos de trabajo que terminó ganando la opción de la redistribución (de tierras)”, concluyó Soliz.
