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Ley de Deslinde Jurisdiccional: Investigadores plantean un análisis de la norma
Periódico Digital PIEB • 22-09-2011 A nueve meses de la aplicación de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, ésta norma está ante el reto de encontrar los mecanismos para que la Justicia Indígena, Originaria y Campesina no sea distorsionada en su esencia, afirma el antropólogo y lingüista, Pedro Velasco. Sobre el mismo tema, el investigador Xavier Albó afirma que la norma tiene vacíos que pueden ser subsanados, mientras que el director del Instituto de la Judicatura, Iván Arandia encuentra en la normativa factores que pueden ser restrictivos en su aplicación.

Las opiniones fueron recogidas a propósito de la presentación del estudio “Ley de Deslinde Jurisdiccional: ¿avances o retrocesos en la administración de justicia indígena?”, presentado en la Reunión Anual de Etnología (RAE) del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) por Pedro Velasco.

Según el autor del trabajo, la norma es de gran significancia debido a que otorga rango constitucional a la Justicia Indígena Originario Campesina, la misma que adquiere igual jerarquía que las otras jurisdicciones; otorga la potestad a las naciones originarias de administrar justicia de acuerdo con sus propios procedimientos. Fue una de las que se sometió a mayor consulta en su proceso de validación.

Sin embargo, Velasco observa que si bien la norma reconoce y valora de manera formal y nominal a la justicia indígena, originaria y campesina, existirían algunas contradicciones que deben ser superadas. La Ley 073 es más restrictiva que la propia práctica ancestral de la justicia indígena, sostiene, pues trata de enmarcarla en el cumplimiento de los derechos humanos “y para eso dice que la justicia indígena originaria no ejerce ningún tipo de violencia, física, ni psicológica”.

La realidad, supera esas buenas intenciones, según el investigador, pues no sólo en las comunidades del altiplano, sino también en las de las tierras bajas, el uso del chicote al momento de sancionar es común.

La norma también pretendería, según el estudio, “fosilizar” a la administración de justicia indígena, cuando le otorga la potestad sólo de ejercer función en los problemas tradicionales de las comunidades, dejando para las otras jurisdicciones temas puntuales, como los agrarios.

El antropólogo jesuita Xavier Albó puntualiza el hecho de que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, a pesar de haber sido sometida a un fuerte proceso de consulta, inclusive con apoyo internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al momento de elaborar el proyecto el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria y Campesina dejara de lado varias propuestas importantes. “Otra de las columnas del nuevo Estado (plurinacional) es la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que ha quedado chueca con relación a la Constitución; dice menos de lo que podría decir. Hay que ampliarla sin duda”, afirma.

Mirada jurista
El jurista Iván Arandia no encuentra contradicciones dentro de la ley como tal, pero señala que la ley fue promulgada “con un lineamiento restrictivo en relación al reconocimiento de la facultad jurisdiccional que se les podría asignar a los jueces indígenas, originario campesinos”.

En se sentido, dice, hubo un descontento entre las autoridades indígenas, por la limitada participación de la justicia comunitaria, en “cuestiones muy menores. En ese sentido podría decirse que es una ley restrictiva”.

En contraposición de Velasco, Arandia afirma que la mayoría de los casos de las prácticas de administración de justicia están dentro del paraguas del respeto de los derechos humanos, pero que es necesario que en aquellos casos vulneratorios se pongan límites.

Respecto a las observaciones de Albó, el jurista señala que evidentemente hay tres elementos para determinar la jurisdicción de la justicia indígena, que se basa en lo territorial, personal y material. “Y esto también desde alguna interpretación, implica una limitación muy grande porque la justicia se va aplicar en individuos donde concurran los tres elementos, y la concurrencia de los tres elementos es un poco difícil, y eso le restaría competencia o jurisdicción a la justicia indígena”.

En criterio de Arandia, ninguna ley es definitiva, sino más bien perfectible, por lo que considera como un “momento ideal” para socializar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ya que la misma no se estaría sintiendo en su aplicación real -en igualdad de jerarquía frente a otras jurisdicciones-, ni tampoco se le estaría dando la atención que merece, por la coyuntura que se volcó a la nueva estructura judicial.

Contactos: pvelascor@yahoo.es
xalbo@entelnet.bo
ivanhoe_666@hotmail.com

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