La socióloga Cecilia Salazar, investigadora del Postgrado de Desarrollo de la UMSA (CIDES), elaboró un análisis sobre la situación de los adultos mayores enmarcado en las dinámicas poblacionales o demográficas del país. El trabajo se desarrolló por impulso de HelpAge International y el CIDES-UMSA, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el documento plantea que para el año 2030 la población menor de 15 años disminuirá a 27%, “la población mayor, entre 15 y 59 años, crecerá hasta un 63% (en 1970 era del 51,7%) y la población de personas adultas mayores llegará a un 10%, siendo que representaba sólo el 5,4%”.

Con base en datos de la CEPAL y el Instituto Nacional de Estadística, Salazar plantea que desde fines del siglo XX, y más precisamente desde 2010, existe un aceleramiento del envejecimiento de la población, y que en 20 a 25 años la población de adultos mayores va a crecer de forma acelerada, lo que a su vez necesitará ofertas de salud, recursos disponibles (rentas de vejez), bonos, etcétera.

Si el problema se perfila de dimensiones para el futuro, en la actualidad también tiene que ver con las estructuras desiguales y diferenciadas a nivel regional. “Los adultos mayores que viven en Potosí y Oruro son los que están en peores condiciones (nivel de educación, acceso a bienes culturales, inserción laboral, etc), las carencias son más fuertes en estas poblaciones, y digamos hay una relativa ventaja entre quienes habitan y son adultos mayores en Tarija y Santa Cruz”, dice Salazar.

En términos del país se cuenta con una población adulta mayor muy desigual en sí misma, con accesos diferenciados a los bienes para su manutención y reproducción. Salazar advierte que se trata de una desigualdad estructural, incluso en el plano urbano-rural. Las condiciones en el área rural son más precarias que en el área urbana pues existe la tendencia de que los adultos mayores continúen como trabajadores agrarios, aun a sus 60 a 65 años, en actividades agrícolas que implican un esfuerzo físico importante en una etapa en que se presume que están más dedicados al descanso, ocio, la recreación.

La población económicamente activa (PEA) está compuesta por las personas de 20 a 60 años de edad, que se supone generan las rentas suficientes para que los otros dos grupos poblacionales (niños/niños y adultos mayores) puedan cultivarse, descansar y realizar actividades relativas a su grupo etáreo. Salazar explica que en Bolivia la PEA está principalmente situada en la economía informal, por tanto no es beneficiaria de los sistemas de protección social, esto significa que para garantizar el ingreso familiar los otros grupos poblacionales (niños y adultos mayores) deben mantenerse como trabajadores productivos.

Las tendencias muestran que muchos adultos mayores todavía son jefes de hogar y todavía es bajo su mando que se organiza la reproducción en sus familias, proveen los recursos que dispone la familia, siguen siendo trabajadores y siguen siendo proveedores. En el caso de las mujeres, siguen desempeñando el trabajo doméstico y de cuidado de dependientes. Cuando una mujer de la población económicamente activa sale a trabajar, deja al cuidado de sus hijos a las abuelas, qué quiere decir esto, dice Salazar, que también en ese sentido la población adulta mayor sigue activa, cumpliendo funciones cruciales para el desarrollo de la sociedad boliviana, y en ese sentido se están vulnerando derechos propios de esta franja poblacional.

La socióloga plantea que en este panorama desalentador existe una ventaja, y es que el país cuenta con un “bono demográfico” que implica una población en edad de trabajar bastante amplia, es decir una disponibilidad de energía laboral para actividades productivas y de creación de riqueza.

El hecho es que “tenemos que resolver el problema de la organización del trabajo en el país y de nuestras estructuras productivas para que esta población realmente se inserte de manera más efectiva a los mercados de trabajo”, afirma Salazar.